La fiscal española en sus alegatos finales solicitó 150 años de prisión para Montano, 30 años por cada uno de los cinco jesuitas españoles asesinados, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Morenoy el padre Amando López.
Si la Audiencia Nacional de España accede a la pretensión de Ollé, la condena para Montano podría incrementarse en 90 años y acumularía 240 de prisión. La Fiscal del caso mencionó en sus alegatos finales que cuando Montano fue extraditado desde Estados Unidos hacia España a finales del año 2017, fue para ser enjuiciado solo por el asesinato de los cinco sacerdotes españoles de la Compañía de Jesús.
“La única discrepancia que tenemos con el Ministerio Fiscal, es que nosotros acusamos por tres personas más, porque nosotros no solo acusamos por el asesinato de los padres jesuitas que tenían la nacionalidad española”, dijo Ollé. Al acusar por la muerte del sacerdote jesuita salvadoreño y las otras dos personas se va establecer si hay jurisdicción en un caso catalogado como un crimen internacional de primer grado y que puede invocarse la Ley de Justicia Universal. Para el querellante es un caso de terrorismo de Estado, delito que se puede conocer solo si hay víctimas españolas, pero pidió a los jueces que revisen la Ley Orgánica del Poder Judicial español donde se establece que la Audiencia Nacional también conocerá de los delitos conexos y en este caso hay concurso real de delitos que no es más que la realización de diferentes hechos punibles para cometer un solo delito y según el querellante en este proceso hay conexión entre el asesinato de los cinco jesuitas españoles con el de los tres salvadoreños, ya que los ocho fueron asesinados en un mismo hecho.